Enemigos del Estado, de brujos a estudiantes.

En marzo de 1880, en Ancud, por encargo del Intendente de la Provincia don Luis Martiniano Rodríguez, se da inicio al denominado Juicio de los Brujos de Chiloé. La denominada Recta Provincia, que agrupaba un sinnúmero de habitantes indígenas distribuidos por todo el archipiélago, fue catalogada, en la “Vista Fiscal” de José N. González, como una “sociedad ilícita”. Sus miembros, caían en el delito de los artículos 292 y 294 del Código Penal recientemente estrenado (2 noviembre de 1874) por la naciente República de Chile.

El inicio del juicio coincide con la instalación del aparato burocrático y judicial chileno en la isla. Si bien el territorio chilote había sido incorporado tras el Tratado de Tantauco en 1826, sólo luego de la incorporación de la Araucanía el naciente Estado consolidó sus instituciones en esa parte del sur del país. En el intertanto, el funcionamiento social no se había mantenido muy diverso del expuesto históricamente entre los nativos. Sus modos y costumbres eran dominantes. Huilliches y Cuncos, organizados de tiempos inmemoriales, extendían sus redes por todo el archipiélago. La denominada Recta Provincia, agrupando numerosa población local, era una amenaza para la hegemonía estatal.

El más criminal de todos, Matías Coñuecar. Jefe de la Recta Provincia. Brujo, hechicero y asesino. Pero el juicio trascendía a los enjuiciados. Se recomendaba así “oficiar a jueces de 1º instancia para que estos a su vez lo hagan a sus jueces de subdelegación de su departamento, a fin de que tengan una estricta vigilancia con la raza indígena, que es la que está más embaucada en esta sociedad secreta e ilícita, sobre todo con los machis o curanderos que no hacen otra cosa que aplicar yerbas venenosas”. La sentencia de primera instancia fue dictada el 2 marzo de 1881 y marcó el fin de la Recta Provincia. El fin de la organización originaria y aborigen del archipiélago de Chiloé.

Debuta así, en la arena política, la asociación ilícita y con ella el control penal de la disidencia política. Contemplada en el párrafo 10 del título VI de los Crímenes y Simples Delitos Contra el Orden y la Seguridad Públicos Cometidos por Particulares del Código Penal, se describe como “Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades” e “importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”. De ahí en más, su irrupción en la arena política ha sido múltiple, siempre coincidiendo con tiempos de efervescencia social y decadencia gubernamental.

Inaugurado por el Código Penal de 1874, la punición de conductas atentatorias contra el “orden social” o “buenas costumbres”, tuvo notable desarrollo a partir de la cuestión social de principios del siglo XX. El avance de la izquierda, gremios u organizaciones sociales, primero con el Frente Pupular y luego con la Unidad Popular, fueron conduciendo al Estado en un progresivo desarrollo punitivo con miras al control penal del conflicto político. Así, nace el Decreto Ley 50 de 1932, luego la Ley de Seguridad Interior del Estado en 1937, en 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y, finalmente la ley 12.297 de Seguridad Interior del Estado, hoy refundida por el Decreto Ley 890 de 1975. Todos ellos coinciden en la defensa del orden público, la evitación de interrupción de servicios como transporte, educación, la proscripción del anarquismo, comunismo; en fin, trajes a la medida del protestante del momento.

Si bien el proyecto de ley de Sebastián Piñera contenido en el Mensaje 196-359 no contempla figuras como la asociación ilícita, adolece de los mismos defectos de aquella. Teniendo como objeto la protección del orden público, entendido como “estado opuesto al desorden”, la definición del injusto que contempla se contagia con la indeterminación y amplitud de su concepto inspirador. Más precisamente, el mensaje declara que se pretende resguardar la “seguridad y tranquilidad pública” que, en su concepto, “tienen como fundamento especial el deber general de no perturbar el orden público”, o sea, el “estado opuesto al desorden”. ¿En qué se traduce aquello?, no me queda claro, eso si, las acciones punidas son paralizar, interrumpir, alterar, impedir, dificultar, retardar, atentar, invadir, ocupar, saquear, incitar, promover o fomentar. En palabras simples, un delito comprensivo de todo lo que huela a protesta estudiantil. Un delito que, como la asociación ilícita, facilita imputaciones grupales y genéricas, así como la punición con independencia del desarrollo del iter criminis.

“Esta acusación de que se me hace objeto es historia antigua. No hay país, no hay época en que mi caso no tenga ilustres y conocidos antecedentes”, dijo el propio Neruda ante el Congreso Nacional el 6 de enero de 1948, poco antes del autoexilio. Y citando a Guizot, añadió, “¿Qué hará el Gobierno que ve agitarse bajo su mano la sociedad mal administrada? Inhábil para gobernarla, intentará castigarla. El Gobierno no ha sabido realizar sus funciones, emplear sus fuerzas. Entonces, pedirá que otros poderes cumplan una tarea que no es suya, le presten su fuerza para un uso al cual no está destinada”. En pocas palabras -anuladas las Fuerzas de Orden y Seguridad por la carga simbólica de los derechos humanos y los medios ciudadanos, masivos e instantáneos de información-, es la hora del Poder Judicial.

A la chusma le siguieron obreros y universitarios, a estos comunistas y socialistas, de allí los pobladores, hace unos años –y como desde siempre- los mapuches. Hoy, pingüinos y capuchas son los enemigos del Estado. El vate lo decía: “es historia antigua”.

Mauricio A. Delgado Muñoz.