Por un compromiso real con la educación.

El 18 de noviembre de 2005, en medio del conflicto por la evaluación docente y también de alegaciones de mejoras de rentas por la deuda histórica, el Colegio de Profesores comunicaba con indignación que Congreso Nacional aprobaba un proyecto de ley que, junto con otorga reajuste de remuneraciones del 5% al sector público más otros beneficios, establecía en su art. 37 un bono indemnizatorio a docentes que se les califique en el nivel insatisfactorio por tercera vez –un regalo equivalente a 5 meses de sueldo para alguien que es expulsado del sistema por incapacidad y mal desempeño-. Además, con indignación reaccionaban a las normas sancionatorias para los docentes que se negaban a ser evaluados y que disponían que aquellos se presumirán evaluados en el nivel de desempeño insatisfactorio y que no tendrán derecho a los planes de superación profesional, mantendrán su responsabilidad de curso y la obligación de evaluarse el año siguiente; y que de insistir en no evaluarse en un tercer período dejará de pertenecer a la dotación docente, sin derecho a percibir el bono a que se refiere este artículo.

En fin, el anterior hecho es sólo uno de los tantos en que el profesorado no ha transigido en mejorar sus condiciones a cambio de normar su desempeño.

Hoy, con motivo de su deuda histórica el Sr. Gajardo, insiste en la necesidad de invertir en “capital humano” señalando que si la inversión en infraestructura y medios tecnológicos no se acompaña de mejoramiento en el funcionario no tiene sentido.

Al respecto, el principal alegato parece ser que hasta 1980 los profesores eran funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Educación, adscritos al Estatuto Administrativo; año en que comenzó la reforma a la educación y que contemplaba el paso de los docentes a las municipalidades; pasando los traspasados a regirse por las normas privadas de contratación laboral, eso sí, podían optar por seguir en las condiciones de empleados públicos. Acto seguido, en 1981 el decreto ley N°3.551 estableció una asignación especial para todos los funcionarios públicos, incluidos los profesores dependientes del Ministerio de Educación, que debía pagarse gradualmente y en la medida que el Ministerio generara el financiamiento, entre los años 1981 y 1984. Dicha asignación comenzó a ser pagada a todos los profesores que aún no eran traspasados a las municipalidades, y a aquellos que, habiéndose traspasado, habían optado por conservar el régimen remuneracional del sector público; pero en 1982 la ley N°18.196 cambió esta situación, al disponer que a la totalidad del personal traspasado ya no le serían aplicables las normas del sector público, debiendo regirse por completo por la regulación del sector privado. Con ello, todos los profesores ya traspasados pasaron a quedar sujetos al sistema laboral común. Asimismo, todos los profesores que fueron traspasados en años posteriores quedaron regidos automáticamente por la legislación laboral general. Así, dejaron de tener derecho a la asignación especial, que era propia del estatuto remuneracional del sector público.

La anterior situación se mantuvo hasta el retorno a la democracia cuando el magisterio negoció una normativa especial para ellos –ley 19.070-, vigente hasta hoy que se conoce como el Estatuto Docente. Así su demanda hoy, es por la asignación (con reajustes e intereses) que le otorgaba el DL 3.551 de 1981 y que les privó la ley 18.196 de 1982.

Todos sabemos los beneficios que tiene, para los profesores –no se si para la educación de miles de chilenos-, su estatuto. Que es casi imposible echarlos, asimismo degradarlos en puesto y remuneración, aún por mal desempeño, etc. de hecho, ha sido tan caro que muchas municipalidades hoy no pueden soportar sus costos, y aquello se ha traducido en que muchos profesores –en claro perjuicio de ellos, su salud e integridad- no se les puede cancelar sus indemnizaciones correspondientes o bonos al jubilarse.

Argumentos jurídicos más, discusiones menos, parece tener algo de asidero, al menos político, la reivindicación del profesorado. Después de todo si otras agrupaciones gremiales tuvieran su fuerza, no dudarían un segundo, tal vez, en luchar por los menoscabos que a muchos trajo la dictadura y que hoy se imputan al Estado de Chile.

Pero más allá de aquella discusión, el problema de fondo aquí es la Educación chilena y su calidad. Con que lo anterior es lo medular parece estar de acuerdo el magisterio. De hecho, su presidente, el Sr. Gajardo se ha manifestado en tal sentido en reiteradas oportunidades. Alega hoy que un profesorado empobrecido, usurpado, vejado no puede llevar adelante su misión con éxito. Al respecto se pronuncia diciendo que es vital invertir hoy en capital humano, y parece tener esa calidad la reivindicación que hoy exponen: pagarles la deuda es potenciar el capital humano –según se desprende de sus palabras-. Al respecto ha señalado que no desmiente la gran inversión que ha realizado la concertación en educación en todos estos años, pero que mas infraestructura y tecnología no tiene sentido si no se potencia el factor humano. En fin, tras su lógica, un profesorado económicamente mejorado se traduciría en un docente con mejor desempeño en el aula –lo anterior, como expondré luego, es una tremenda falacia que busca legitimar su petición-.

Con todo lo anterior, paradójico es analizar, desde su consecuencia política y desde las cifras, su argumento. Desde su consecuencia política, reiteradamente, cuando, como en el primer ejemplo expuesto, se ha buscado transar mejores remuneraciones por mejor desempeño se han negado. Al respecto, parece ser que para el magisterio potenciar el capital humano se traduce en mas dinero en la cuenta corriente a fin de mes, pero, ¿no caminan acaso en el mismo sentido los procesos de evaluación, las tutorías, las capacitaciones, etc.? aquellos parecen ser, por excelencia, los caminos a la potenciación profesional, pero han sido sistemáticamente desechadas por el magisterio.

Ahora, desde las cifras, y aún pensando en que existe una relación directa entre más remuneración y mejor desempeño no puedo dejar de mencionar que mientras el salario promedio de los chilenos, desde 1990, ha subido un 70%; el de los profesores se ha incrementado en un 200%. Asimismo, 10.000 profesores se han retirado en ese período accediendo a incentivos al retiro con bonos de alrededor de 14 millones de pesos. Es más, son acreedores de bonos pos-laborales que les dan rentas, una vez jubilados, por sobre los demás chilenos con el mismo nivel de ingresos. Con lo anterior, más allá de consideraciones valorativas respecto del quantum del sueldo, objetivando el asunto parece claro que los profesores han mejorado ostensiblemente su condición entre 1990 y 2009 o, al menos, han obtenido o se les han dado mejoras por sobre los demás chilenos. Si embargo, cuando vamos a las cifras y los resultados en educación la correlación positiva entre mejoras en remuneración y rendimiento profesional parece esfumarse. Al respecto, estudiando el rendimiento del magisterio entre el mismo periodo en que han verificado ostensibles mejoras, las variaciones en tramos de 6 o 5 años en SIMCE no muestran variaciones porcentuales significativas (se sube 1 punto se bajan 2). Asimismo los índices PISA o TIMMS no experimentan variación alguna. Por ejemplo, en la prueba TIMMS de 1999 -en matemáticas- un 50% de los evaluados clasificaba en una descripción “muestra un conocimiento matemático inferior al mínimo que permite describir la prueba TIMMS” (y no crean que eso es mucho porque el siguiente nivel es “tiene solo algunos conocimientos básicos matemáticos”) mientras que en 2003 esa cifra aumenta a 54%; o sea más de la mitad de los alumnos chilenos no logra ni siquiera los conocimientos matemáticos básicos como “hacer cálculos con números naturales sin usar calculadora”.

En fin, no parece existir un correlato, como afirmar el Sr. Gajardo, entre mejores condiciones laborales y remuneraciones a los profesores y su desempeño. Con el Estatuto Docente ganaron en estabilidad laboral, seguridad; y con diversas leyes –cada vez que van a paro- incrementos salariales significativos; no obstante aquello no se traduce en mejoras educacionales –al menos significativas-. Claramente el concepto de mejoramiento de capital humano que maneja el Sr. Gajardo y su gremio parece ser un tanto restringido y obtuso.

Ahora, con cifras para allá con cifras para acá uno hace maravillas y son muy tergiversables por lo demás; por ello, para evitar conatos en tal sentido, y no caer en la obtusidad de juristas ni ingenieros extrañados del verdadero Chile, debemos sacar a colación la realidad social que día a día enfrentan los profesores.

Todos tenemos claro el difícil ambiente que deben enfrentar nuestros profesores en las aulas, que la vulnerabilidad de sus alumnos es tal que muchas veces entre que aprendan a sumar mas vale salvarles la vida con una caricia o simplemente escucharlos. Por otro lado, muchos sufren la violencia que explota en las salas de clases sin siquiera estar capacitados –por el Estado o su empleador- para enfrentarla. En un ambiente así, lógicamente enseñar raíces, ecuaciones, biología, es complicadísimo y digno de héroes. Pero, con todo, me parece, los profesores no pueden abusar de aquella realidad para desprenderse de toda responsabilidad. Si bien es cierto que, cambiar el panorama de la educación chilena requiere de esfuerzos multidisciplinarios que van más allá de la sola misión del profesor en el aula, no se puede desconocer, a la luz de las cifras antes dada, que la educación no progresa, y que, con todo, los profesores son un eje primordial para que ello cambie pues, entre muchos otros factores, ellos ocupan un lugar primordial.

Por lo mismo, me gustaría ver a un profesorado parado porque las unidades técnicas pedagógicas (UTP) de sus escuelas no funcionan, o porque el Mineduc no tiene programas serios de apoyo psicológico o sociológico para enfrentar los dramas sociales que explotan en las aulas, o porque su plan de perfeccionamiento docente no incluye programas en tal sentido; en fin, si el compromiso que dicen tener con la Educación es tal como lo señalan, sería bueno ver jugándoselas por perfeccionarse, por evaluarse de forma seria y justa, luchando con el mismo ahínco que por sus rentas, por que el Estado se tome en serio la acreditación y fiscalización que debería pesar sobre las Facultades y Universidades que forman profesores (la mayor parte no está acreditada) –después de todo el desprestigio de la carrera por profesionales mal preparados arrojados al mercado por sostenedores universitarios inescrupulosos atenta directamente contra su gremio e imagen publica-. En fin, entender que las luchas por mejoras salariales se legitiman con resultados.

Hoy, Chile entero ha comprendido que aquél prisma no es el que aplican y les ha dado la espalda; el rechazo a su movilización es generalizado. Los injustos, hoy, para los chilenos, parecen ser los profesores.

Fuentes:

- Las declaraciones citadas fueron obtenidas de la página web oficial del Colegio de profesores. http://sfa.profesormetropolitano.cl/news/2005/11/293.php
- Las estadísticas remuneracionales están citadas en un informe ejecutivo de la deuda histórica preparado por “El Mostrador”; que a su vez cita un grafico que compara el incremento en las rentas promedio de los chilenos y las de profesores confeccionado por el INE y publicado por el MINEDUC. También contiene algunas cifras de medidas propuestas en el informe presentado por la comisión parlamentaria especial que analizó la deuda histórica de los profesores; el que fue aprobado por unanimidad en sala –ojo. 69 votos a favor, o sea faltaron 51 diputados-.
- Los datos y estadísticas de educación se obtuvieron de informes contenidos en la Biblioteca del Congreso Nacional. Precisamente en el link http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/estudios_pdf_estudios/nro306.pdf

PD: Texto escrito hace algún tiempo con motivo del paro de profesores, ya publicado en una nota en facebook... que le esta ganando la mano al blog; sobre todo porque uno puede hacer leerlas a mas gente, no así por esta vía que es casi para dejar constancia de unas cuantas opiniones.